2009/09/30
2009/09/29
Las lecciones económicas de Zapatero
“Todas las crisis son inoportunas y por tanto indeseables”
Perogrullada tras perogrullada. Hoy, día de presentación de los Presupuestos de 2010, Zapatero escribe un artículo en el diario Público en el que analiza el origen de la crisis e intenta dar soluciones a la misma. El documento, titulado "Oportunidades y responsabilidades en la lucha contra la crisis", llama la atención por estar plagado de obviedades tales como: “Todas las crisis económicas son por definición inoportunas, pero ésta lo ha sido especialmente” (...) “de todas las crisis se sale, pero se puede salir de forma diversa” (...) “todas las crisis son inoportunas y, por tanto, indeseables”.
En los últimos días, el presidente del Gobierno ha recibido un aluvión de críticas a cuenta del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 y de su reforma fiscal. El último en censurar los PGE ha sido el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que dejó recientemente su escaño desencantado con Zapatero y que ayer publicaba en su blog lo siguiente: “Ni los ricos pagarán más, ni la subida financiará nuevo gasto público”.
En el artículo de Público, el presidente del Gobierno vuelve a dejar patente una vez más la vacuidad de su discurso económico: “Para lograr la mejor salida de la crisis, el Gobierno no plantea un cambio de rumbo de nuestra política económica. El rumbo está trazado, ahora hay que volcarse en él, fijando las opciones y las prioridades que la mejor salida de la crisis convierte en imprescindibles”.
Y más afirmaciones del mismo tenor tales como “Aquí está el gran desafío que tenemos por delante, la oportunidad que debe aprovechar la sociedad española, y la obligación del Gobierno de la que tendrá que responder al final de la Legislatura: aprender de las lecciones de la crisis, acelerar la renovación de nuestro modelo productivo, saber sacar partido a las fortalezas adquiridas por nuestra economía en los últimos años".
Todo ello con el objetivo de adelantar en lo posible la recuperación "pero, sobre todo" para salir de la crisis "con una economía más competitiva, más sólida, mejor preparada para el futuro". Para lograr esa "mejor salida" de la crisis, alega, el Ejecutivo cuenta con "dos palancas fundamentales" como son la Ley de Economía Sostenible y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2010.
(En El Confidencial)
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Perogrullada tras perogrullada. Hoy, día de presentación de los Presupuestos de 2010, Zapatero escribe un artículo en el diario Público en el que analiza el origen de la crisis e intenta dar soluciones a la misma. El documento, titulado "Oportunidades y responsabilidades en la lucha contra la crisis", llama la atención por estar plagado de obviedades tales como: “Todas las crisis económicas son por definición inoportunas, pero ésta lo ha sido especialmente” (...) “de todas las crisis se sale, pero se puede salir de forma diversa” (...) “todas las crisis son inoportunas y, por tanto, indeseables”.
En los últimos días, el presidente del Gobierno ha recibido un aluvión de críticas a cuenta del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 y de su reforma fiscal. El último en censurar los PGE ha sido el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que dejó recientemente su escaño desencantado con Zapatero y que ayer publicaba en su blog lo siguiente: “Ni los ricos pagarán más, ni la subida financiará nuevo gasto público”.
En el artículo de Público, el presidente del Gobierno vuelve a dejar patente una vez más la vacuidad de su discurso económico: “Para lograr la mejor salida de la crisis, el Gobierno no plantea un cambio de rumbo de nuestra política económica. El rumbo está trazado, ahora hay que volcarse en él, fijando las opciones y las prioridades que la mejor salida de la crisis convierte en imprescindibles”.
Y más afirmaciones del mismo tenor tales como “Aquí está el gran desafío que tenemos por delante, la oportunidad que debe aprovechar la sociedad española, y la obligación del Gobierno de la que tendrá que responder al final de la Legislatura: aprender de las lecciones de la crisis, acelerar la renovación de nuestro modelo productivo, saber sacar partido a las fortalezas adquiridas por nuestra economía en los últimos años".
Todo ello con el objetivo de adelantar en lo posible la recuperación "pero, sobre todo" para salir de la crisis "con una economía más competitiva, más sólida, mejor preparada para el futuro". Para lograr esa "mejor salida" de la crisis, alega, el Ejecutivo cuenta con "dos palancas fundamentales" como son la Ley de Economía Sostenible y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2010.
(En El Confidencial)
Este Gobierno es marxista; Juan Francisco Martín Seco
¿Recuerdan ese diálogo entre Chico y Groucho en Sopa de ganso?:
-"Chico: Un coche y un chófer cuestan demasiado. He vendido mi coche.
-Groucho: ¡Qué tontería! En su lugar, yo hubiera vendido el chófer y me hubiera quedado con el coche.
-Chico: No puede ser. Necesito el chófer para que me lleve al trabajo por la mañana.
-Groucho: Pero, ¿cómo va a llevarle si no tiene coche?
-Chico: No necesita llevarme. No tengo trabajo."
Podría ser un buen exponente del discurso que viene manteniendo el Gobierno a propósito de los impuestos y el presupuesto. En realidad, se le podría atribuir, sin que desentonase, la mayoría de los disparates con que los hermanos Marx nos sorprenden. Como en sus películas, todo es posible. Esto, aquello y lo contrario. No es de extrañar que si uno pretende encontrar algo de lógica en su discurso termine mareado.
Sin solución de continuidad, se pasa de defender en Pittsburgh la necesidad de mantener los estímulos fiscales a presentar en España unos Presupuestos restrictivos y, para que la confusión sea aún mayor, en las mismas cuentas públicas, al tiempo que se realizan múltiples recortes en las partidas de gasto -incluso en las de inversión pública-, se recoge la transferencia de 5.000 millones de euros a los ayuntamientos para que inviertan y reactiven la economía. En fin, que no se sabe si se quiere hacer una política restrictiva o expansiva. Y como la máxima prioridad es la de combatir el paro, se recorta la oferta pública de empleo.
Tan pronto se dice que bajar los impuestos es de izquierdas como que subirlos también lo es. Y ya en el colmo de la confusión se afirma que un Gobierno responsable debe bajar los tributos en tiempos de auge y subirlos en la época de crisis, cuando el abecé de la política anticíclica, la misma que el presidente del Gobierno ha ratificado en Pittsburgh, proclama todo lo contrario.
Se comienza afirmando que se van a subir los impuestos a los ricos y se termina realizando una de las reformas fiscales más regresivas. En unos momentos en los que lo que hay que hacer es incentivar el consumo se aumenta dos puntos el tipo del IVA, que es un impuesto indirecto y, como tal, amén de carecer de progresividad, grava el consumo. Afirmar que tenemos una recaudación por IVA de las más bajas de la Unión Europea no constituye ninguna justificación, porque lo mismo cabría afirmar de la tributación directa, especialmente de la del impuesto de sociedades y del gravamen sobre el capital.
Como se desea cuadrar el círculo, se pretende incrementar el IVA, pero sin dañar el consumo. Se anuncia por ello que la subida sólo será efectiva en la segunda mitad del año, pues para entonces, según la bola de cristal del Gobierno, la economía se habrá recuperado ya. Y ¿qué ocurre si se confunden, que se confunden siempre, y seguimos en plena recesión o al menos con la economía muy debilitada, que es lo más probable? ¿Aprobamos un decreto-ley para dejar sin efecto la medida?
El Gobierno también parece haberse liado en la cuantificación de la subida de la presión fiscal. El presidente anunció que era de un punto y medio, ahora se dice que es tan sólo de un punto; en todo caso, parece que no se percatan de que la recaudación puede incrementarse, aparte de por subir los impuestos, por un mayor control del fraude, del que nadie parece acordarse y, sobre todo, por la recuperación de la economía.
Groucho Marx definía así la política: "Es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Parece ser que este Gobierno está empeñado en darle la razón.
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-"Chico: Un coche y un chófer cuestan demasiado. He vendido mi coche.
-Groucho: ¡Qué tontería! En su lugar, yo hubiera vendido el chófer y me hubiera quedado con el coche.
-Chico: No puede ser. Necesito el chófer para que me lleve al trabajo por la mañana.
-Groucho: Pero, ¿cómo va a llevarle si no tiene coche?
-Chico: No necesita llevarme. No tengo trabajo."
Podría ser un buen exponente del discurso que viene manteniendo el Gobierno a propósito de los impuestos y el presupuesto. En realidad, se le podría atribuir, sin que desentonase, la mayoría de los disparates con que los hermanos Marx nos sorprenden. Como en sus películas, todo es posible. Esto, aquello y lo contrario. No es de extrañar que si uno pretende encontrar algo de lógica en su discurso termine mareado.
Sin solución de continuidad, se pasa de defender en Pittsburgh la necesidad de mantener los estímulos fiscales a presentar en España unos Presupuestos restrictivos y, para que la confusión sea aún mayor, en las mismas cuentas públicas, al tiempo que se realizan múltiples recortes en las partidas de gasto -incluso en las de inversión pública-, se recoge la transferencia de 5.000 millones de euros a los ayuntamientos para que inviertan y reactiven la economía. En fin, que no se sabe si se quiere hacer una política restrictiva o expansiva. Y como la máxima prioridad es la de combatir el paro, se recorta la oferta pública de empleo.
Tan pronto se dice que bajar los impuestos es de izquierdas como que subirlos también lo es. Y ya en el colmo de la confusión se afirma que un Gobierno responsable debe bajar los tributos en tiempos de auge y subirlos en la época de crisis, cuando el abecé de la política anticíclica, la misma que el presidente del Gobierno ha ratificado en Pittsburgh, proclama todo lo contrario.
Se comienza afirmando que se van a subir los impuestos a los ricos y se termina realizando una de las reformas fiscales más regresivas. En unos momentos en los que lo que hay que hacer es incentivar el consumo se aumenta dos puntos el tipo del IVA, que es un impuesto indirecto y, como tal, amén de carecer de progresividad, grava el consumo. Afirmar que tenemos una recaudación por IVA de las más bajas de la Unión Europea no constituye ninguna justificación, porque lo mismo cabría afirmar de la tributación directa, especialmente de la del impuesto de sociedades y del gravamen sobre el capital.
Como se desea cuadrar el círculo, se pretende incrementar el IVA, pero sin dañar el consumo. Se anuncia por ello que la subida sólo será efectiva en la segunda mitad del año, pues para entonces, según la bola de cristal del Gobierno, la economía se habrá recuperado ya. Y ¿qué ocurre si se confunden, que se confunden siempre, y seguimos en plena recesión o al menos con la economía muy debilitada, que es lo más probable? ¿Aprobamos un decreto-ley para dejar sin efecto la medida?
El Gobierno también parece haberse liado en la cuantificación de la subida de la presión fiscal. El presidente anunció que era de un punto y medio, ahora se dice que es tan sólo de un punto; en todo caso, parece que no se percatan de que la recaudación puede incrementarse, aparte de por subir los impuestos, por un mayor control del fraude, del que nadie parece acordarse y, sobre todo, por la recuperación de la economía.
Groucho Marx definía así la política: "Es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Parece ser que este Gobierno está empeñado en darle la razón.
2009/09/21
Josep Ramoneda en EL PAÍS
EL INDEPENDENTISMO SALE DEL ARMARIO
De Arenys surgió la Sinera de la literatura de Salvador Espriu, con acento de fundación mítica de Catalunya. Arenys de Munt -el del lado de montaña- se ha hecho con un estreno muy codiciado en el Principado: ha sido la primera ciudad que ha protagonizado una consulta sobre la independencia. Todo el mundo sabe que la consulta carecía de valor legal, por tanto, de incidencia institucional, pero sin duda tendrá consecuencias políticas. Algunos medios han hecho escarnio y mofa sobre la consulta, que es una manera de negar la importancia de la cosa. Otros han subrayado el carácter anecdótico como modo de minimizarla. Y no han faltado los que, como siempre, han optado por llamar a la guardia civil: que el Gobierno actúe por la vía judicial. Desde un punto de vista democrático, una consulta a la ciudadanía organizada, con rigor y sin alteración de orden público, por una entidad privada se enmarca en el normal ejercicio de la libertad de expresión, primer y principal derecho de la sociedad abierta.
Pero la principal conclusión a extraer de este episodio y de su repercusión mediática -un diario moderado como La Vanguardia abrió con esta noticia en portada a toda pastilla- es algo que se viene constatando desde hace ya algún tiempo: el independentismo ha adquirido carta de naturaleza política en Cataluña. Ha dejado de ser una cuestión marginal para incorporarse plenamente en el debate político. Y de nada sirve negar la evidencia aludiendo a su inconstitucionalidad. No por ello la movida independentista dejará de existir.
Esquerra Republicana, que desde la transición ha llevado la independencia en su ideario, ha jugado un papel importante en la salida del armario del independentismo. Sin embargo, la eclosión del fenómeno independentista en Cataluña llega cuando todos los sondeos dan el voto de Esquerra a la baja. ¿Cómo hay que interpretarlo? De una manera muy sencilla: el crecimiento del independentismo lo ha hecho transversal. Hay independentistas en las bases electorales de casi todos los partidos.
Se ha dicho que la gestión de Aznar fue una fábrica de independentistas y se ha dicho también que la frustración de la España plural de Zapatero, que empezó como una promesa y acabó como un simple eslogan, y los obstáculos al despliegue del Estatut han sido otro factor de impulso del independentismo. Siendo cierto que estos acontecimientos han ayudado a los independentistas en la medida en que se ha visto el encaje del autogobierno catalán en España como una misión imposible, creo que sería erróneo atribuir el crecimiento del independentismo sólo a factores externos. El asentamiento de la democracia y la visualización de un marco europeo para el futuro ha propiciado el final de los tabúes de la transición y, por tanto, el despliegue sin complejos de un nacionalismo y un catalanismo que ya no se sienten obligados a ocultar su deseo de ver la potencia (la nación) transformada en acto (el Estado). Para decirlo claro: si un día Bélgica se partiera en dos Estados y ambos permanecieran en la Unión Europea, la independencia de Cataluña subiría inmediatamente al primer puesto de la agenda política.
Dicho esto, ¿qué cabe esperar? El independentismo ha visto en las consultas ciudadanas una vía para la acumulación de fuerzas. La euforia inicial puede fácilmente tornarse en fatiga o en frustración si no se traduce en progresos políticos. Las elecciones autonómicas catalanas adquieren en este sentido una nueva dimensión. La probable irrupción de un candidato externo a los partidos, un neoliberal, independentista y futbolero como Laporta -¿quién no pensará en Berlusconi?- podría añadir más complicación al juego. Para los partidos que ocupan la centralidad política catalana, la eclosión del independentismo es un embrollo. A CiU, por mucho que buena parte de sus dirigentes esté sentimentalmente con las consultas, le complica la vida. Ya perdió el monopolio del nacionalismo. Ahora le entra una competencia que le obliga a tomar posiciones que pueden ser consideradas excesivas por una parte de su electorado. El PSC tendrá que perder el miedo a ofrecerse como representante de los catalanes que todavía creen que se puede estar en España, que, hoy por hoy, son mayoría. En cualquier caso, el independentismo catalán está aquí por vías pacíficas y democráticas. ¿No se decía que ésta era la única condición? Está cumplida. Se equivocará el que lo minimice o el que piense que puede acabar con él con un simple auto judicial.
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De Arenys surgió la Sinera de la literatura de Salvador Espriu, con acento de fundación mítica de Catalunya. Arenys de Munt -el del lado de montaña- se ha hecho con un estreno muy codiciado en el Principado: ha sido la primera ciudad que ha protagonizado una consulta sobre la independencia. Todo el mundo sabe que la consulta carecía de valor legal, por tanto, de incidencia institucional, pero sin duda tendrá consecuencias políticas. Algunos medios han hecho escarnio y mofa sobre la consulta, que es una manera de negar la importancia de la cosa. Otros han subrayado el carácter anecdótico como modo de minimizarla. Y no han faltado los que, como siempre, han optado por llamar a la guardia civil: que el Gobierno actúe por la vía judicial. Desde un punto de vista democrático, una consulta a la ciudadanía organizada, con rigor y sin alteración de orden público, por una entidad privada se enmarca en el normal ejercicio de la libertad de expresión, primer y principal derecho de la sociedad abierta.
Pero la principal conclusión a extraer de este episodio y de su repercusión mediática -un diario moderado como La Vanguardia abrió con esta noticia en portada a toda pastilla- es algo que se viene constatando desde hace ya algún tiempo: el independentismo ha adquirido carta de naturaleza política en Cataluña. Ha dejado de ser una cuestión marginal para incorporarse plenamente en el debate político. Y de nada sirve negar la evidencia aludiendo a su inconstitucionalidad. No por ello la movida independentista dejará de existir.
Esquerra Republicana, que desde la transición ha llevado la independencia en su ideario, ha jugado un papel importante en la salida del armario del independentismo. Sin embargo, la eclosión del fenómeno independentista en Cataluña llega cuando todos los sondeos dan el voto de Esquerra a la baja. ¿Cómo hay que interpretarlo? De una manera muy sencilla: el crecimiento del independentismo lo ha hecho transversal. Hay independentistas en las bases electorales de casi todos los partidos.
Se ha dicho que la gestión de Aznar fue una fábrica de independentistas y se ha dicho también que la frustración de la España plural de Zapatero, que empezó como una promesa y acabó como un simple eslogan, y los obstáculos al despliegue del Estatut han sido otro factor de impulso del independentismo. Siendo cierto que estos acontecimientos han ayudado a los independentistas en la medida en que se ha visto el encaje del autogobierno catalán en España como una misión imposible, creo que sería erróneo atribuir el crecimiento del independentismo sólo a factores externos. El asentamiento de la democracia y la visualización de un marco europeo para el futuro ha propiciado el final de los tabúes de la transición y, por tanto, el despliegue sin complejos de un nacionalismo y un catalanismo que ya no se sienten obligados a ocultar su deseo de ver la potencia (la nación) transformada en acto (el Estado). Para decirlo claro: si un día Bélgica se partiera en dos Estados y ambos permanecieran en la Unión Europea, la independencia de Cataluña subiría inmediatamente al primer puesto de la agenda política.
Dicho esto, ¿qué cabe esperar? El independentismo ha visto en las consultas ciudadanas una vía para la acumulación de fuerzas. La euforia inicial puede fácilmente tornarse en fatiga o en frustración si no se traduce en progresos políticos. Las elecciones autonómicas catalanas adquieren en este sentido una nueva dimensión. La probable irrupción de un candidato externo a los partidos, un neoliberal, independentista y futbolero como Laporta -¿quién no pensará en Berlusconi?- podría añadir más complicación al juego. Para los partidos que ocupan la centralidad política catalana, la eclosión del independentismo es un embrollo. A CiU, por mucho que buena parte de sus dirigentes esté sentimentalmente con las consultas, le complica la vida. Ya perdió el monopolio del nacionalismo. Ahora le entra una competencia que le obliga a tomar posiciones que pueden ser consideradas excesivas por una parte de su electorado. El PSC tendrá que perder el miedo a ofrecerse como representante de los catalanes que todavía creen que se puede estar en España, que, hoy por hoy, son mayoría. En cualquier caso, el independentismo catalán está aquí por vías pacíficas y democráticas. ¿No se decía que ésta era la única condición? Está cumplida. Se equivocará el que lo minimice o el que piense que puede acabar con él con un simple auto judicial.
La "Guerra" según EL MUNDO
Historia de un chantaje
Casimiro García-Abadillo, Vicedirector de El Mundo
Para muchos socialistas, el diario El País es como la Biblia para los cristianos. Sus editoriales les marcan la pauta mucho más que cualquier resolución congresual del partido. Lo que dice El País va a misa.
Ese matrimonio de intereses se fraguó en plena Transición y tuvo su apogeo tras la victoria del PSOE en 1982. Juan Luis Cebrián, director entonces de El País, y Felipe González, presidente del Gobierno y líder indiscutible del PSOE, sellaron un pacto no escrito: tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Por encima de ellos, Jesús Polanco, propietario del grupo editorial, un empresario sin ideología conocida que hizo sus primeros millones vendiendo libros de texto de su editorial Santillana cuando Franco era el jefe del Estado.
El País se hizo mayor con el PSOE en el Gobierno. Compró la Cadena Ser a precio de risa y con pago aplazado y logró una concesión de televisión de pago (Canal Plus) cuando de lo que se trataba era de conceder canales de TV en abierto. «A mí no hay cojones para negarme una televisión», dicen que llegó a decir Polanco. Y, conociéndole, es muy probable que dijera eso o algo parecido. ¡Tan consciente era del poder de su grupo periodístico y de la dependencia del Gobierno de sus influyentes editoriales!
El Cardenal y el becario. Cuando, contra todo pronóstico, Zapatero ganó el congreso del PSOE en el verano del año 2000, el de León visitó casi como era preceptivo la Capilla Sixtina del Grupo Prisa: su sede de Miguel Yuste. El almuerzo, en el que estaba presente como gran cardenal Cebrián, tenía por objeto darle al nuevo delfín el marchamo de calidad.
Cebrián no sólo ejerció e maestro de ceremonias, sino que le dijo a Zapatero lo que debía y no debía hacer, tratándole casi como a un becario de su periódico.
El líder del PSOE nunca olvidó tamaña humillación, así que cuando ganó las elecciones en 2004 (también contra todo pronóstico) se propuso romper el cordón umbilical que había unido desde hacía más de dos décadas a su partido con el grupo de Jesús del Gran Poder (como fue bautizado por el editor del Grupo 16 Juan Tomás de Salas).
Zapatero no sólo retiró la proscripción contra EL MUNDO, periódico al que la vieja guardia culpaba de la pérdida del poder a manos de Aznar, sino que comenzó a ayudar a un grupo mediático en el que el presidente contaba con amigos y confidentes.
Las hostilidades, los celos, no tardaron en aflorar.
La llamada segunda guerra del fútbol (históricamente los derechos para retransmitir fútbol de pago los tenía una sociedad controlada por Prisa) fue el detonante de una separación que amenaza con convertirse en violento divorcio.
El fuego amigo. Fue Felipe González, precisamente en un acto de homenaje al fallecido Jesús Polanco que se celebró en Madrid el 21 de septiembre de 2007, quien ya avisó de las consecuencias de ese inaudito y funesto desencuentro: «Me preocupa el fuego amigo y los daños colaterales...». Un mes después, el 8 de octubre, en un acto público con empresarios y en presencia del entonces número dos del PSOE, José Blanco, Cebrián acusó a los «brujos visitadores de La Moncloa» de organizar los asaltos al BBVA y a Endesa. Olvidó decir que el inspirador del asalto al banco presidido por Francisco González no era otro que el conspicuo abogado, asesor áulico y consejero de Prisa, Matías Cortés.
Pero, ¿quiénes eran esos brujos visitadores? En ese cajón de sastre Cebrián incluía desde Miguel Barroso a Javier de Paz, pasando, claro está, por José Miguel Contreras o Jaume Roures y, cómo no, por el ministro de Industria, Miguel Sebastián.
En realidad, Zapatero no ha tratado tan mal al Grupo Prisa. Ni mucho menos. Le dio una solución muy favorable a sus intereses tras la sentencia del Supremo sobre el llamado antenicidio (introduciendo en la ley de TV digital una mayor concentración de la radio); le bajó el IVA para la venta de codificadores de Canal Plus del 16% al 7%, y, más importante todavía, le proporcionó un canal de TV en abierto: Cuatro.
Pero Cebrián quería más. Pretendía marcar la línea del Gobierno en relación a los medios de comunicación. Seguir siendo la prima dona del socialismo.
La guerra tiene sus consecuencias. Y en este caso han sido demoledoras para Prisa. El fútbol elevó la deuda del Grupo por encima de los 5.000 millones de euros. Y eso en un contexto de caída de la publicidad y de la difusión.
Cebrián, que manda ahora más que cuando vivía Jesús Polanco, se erigió en estratega empresarial para salvar al Grupo de la suspensión de pagos.
Menos ínfulas. Lo primero que hizo fue negociar con Telefónica la venta de Sogecable (propietario de Canal Satélite, auténtico cáncer del grupo). Para empezar, Cebrián pidió a Telefónica nada menos que 5.000 millones de euros por su participación en la compañía. César Alierta, presidente de Telefónica, remitió un mensaje a Moncloa a través de su recién incorporado consejero, Javier de Paz: «¿Qué debo hacer en este asunto?». El Gobierno respondió con claridad: «Lo que interese a la compañía; el Ejecutivo no va a presionar ni en un sentido ni en otro».
Alierta dejó pasar el tiempo para que se enfriasen las ínfulas de Cebrián, mientras en paralelo caía el valor de las acciones de Prisa en Bolsa. De los 5.000 millones iniciales, se pasó a los 3.500 y luego a los 3.000.
En ese escenario, con una crisis económica cada vez más devastadora, a Cebrián no se le ocurrió otra cosa que lanzar una OPA sobre el 100% de las acciones de Sogecable. Con lo cual no sólo hizo una ruinosa operación con un alto coste para el Grupo Prisa, sino que dio la oportunidad a Telefónica y a Vivendi para salir de su capital a un precio bastante razonable (24 euros por acción).
En diciembre de 2008, el Gobierno se había comprometido con los editores (agrupados en la patronal Uteca) a lanzar la TDT de pago en la primavera de 2009.
Era la posibilidad que esperaba el grupo de Roures (Mediapro) para rentabilizar su voluminosa inversión en la compra de derechos de fútbol.
El 3 de abril de 2009, el Ministerio de Industria emitió una nota en la que daba por abierto el plazo a las empresas operadoras para presentar la solicitud de emisión en TDT de pago. Eso ocurrió por la mañana. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras una conversación subida de tono con Cebrián, llamó a Sebastián y le obligó a rectificar la nota. «Bien, pues ahora ocúpate tú del asunto de la televisión», le dijo el titular de Industria a la vicepresidenta.
Evitar la guerra. Ésa era la nueva consigna. Darle un plazo de gracia a Prisa para evitar un conflicto mediático. Así que desde el Gobierno (sobre todo, con el apoyo incondicional de De la Vega -cuya posición cambió después hacia posiciones más zapateristas- y Rubalcaba) se apostó por un acuerdo amistoso que podría concretarse en la fusión de La Sexta y Cuatro.
Las negociaciones se iniciaron en primavera. El objetivo original estaba muy claro: en la sociedad resultante, cada grupo debía tener el 50% de la propiedad, aunque la gestión la controlaría La Sexta y Cebrián pretendía dirigir la línea editorial. «En los encuentros la verdad es que no había mucha química, aunque nos esforzamos por mantener una, llamémosle, cordialidad técnica», recuerda uno de los negociadores.
Las discusiones se centraron en la valoración de los activos que cada una de las sociedades aportaba a la que sería sociedad resultante de la fusión. Cebrián, ni corto ni perezoso, valoró Digital Plus en 4.000 millones de euros, aunque ya nadie daba por ella ni 2.000 millones.
A los representantes de Mediapro le preocupaban dos cosas, amén del elevado precio que Cebrián pedía por su parte. El informe del Consejo de Estado sobre un borrador de Real Decreto sobre la TDT de pago que fue presentado a mediados de junio por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (dependiente del Ministerio de Industria); y el informe de Competencia sobre las consecuencias para el mercado de una fusión de las dos únicas plataformas que tenían derechos sobre el fútbol.
«No habrá problemas». Cebrián dejó boquiabiertos a sus contertulios cuando, en una de las reuniones, al poner alguien sobre la mesa la primera de esas cuestiones, afirmó: «Al Consejo de Estado lo controlo yo».
Respecto a la segunda de las preocupaciones, el consejero delegado de Prisa se mostró más que confiado: «Soy amigo de Luis Berenguer (presidente de la Comisión Nacional de la Competencia), fuimos juntos al colegio; con él no habrá problemas».
La seguridad de Cebrián chocaba con la realidad. El pasado 10 de julio, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones emitió un informe (al que ha tenido acceso EL MUNDO) en el que dice, entre otras cosas: «En el actual contexto, Sogecable es la única alternativa de suministro (de televisión de pago) en importantes áreas del territorio nacional… Dicho operador ostenta una cuota de mercado superior al 70% en todo el territorio nacional». Es decir, la descripción de un monopolio.
Para sorpresa de los representantes de Mediapro, a primeros del mes de agosto, Prisa se descolgó con una nueva petición: querían la mayoría en la gestión y el 51% de la propiedad en la empresa resultante de la fusión. La reunión duró apenas media hora. El día 7 de agosto, Prisa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la ruptura formal de sus negociaciones con Imagina (holding que engloba a Mediapro y Globomedia).
¿Qué fue lo que hizo cambiar de criterio repentinamente a Prisa? Sus competidores hacen la siguiente reflexión: «Tanto María Teresa Fernández de la Vega como Rubalcaba y Elena Salgado habían advertido al presidente sobre las consecuencias de una guerra con Prisa y El País. Regular la TDT por decreto era para Cebrián una declaración abierta de hostilidades. Ese relevante grupo de miembros del Gobierno le hizo saber al consejero delegado de Prisa que Zapatero no se atrevería a sacar por decreto la TDT. Por tanto, si la regulación se retrasaba, al tenerse que tramitar como una ley, Sogecable seguiría actuando como monopolio. Faltaban sólo unas semanas para comenzar la Liga y eso les daba una inesperada posición de fuerza. Por eso nos echaron el órdago. Nosotros no lo aceptamos».
El 12 de agosto, como había vaticinado el consejero delegado de Prisa, su periódico, El País, adelantó el informe del Consejo de Estado que establecía que la modificación de las reglas de juego en la televisión de pago requería su tramitación como ley.
Era un golpe directo a las intenciones del Gobierno, que al día siguiente tenía prevista una reunión de urgencia en plenas vacaciones para aprobar un paquete de medidas contra la crisis. Sin embargo, las maniobras de Cebrián no dieron resultado. El 13 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó por sorpresa el Real Decreto 11/2009 por el que se regulaba la TDT de pago.
Cebrián se encontraba ese día en Estados Unidos y movió todos los hilos para afear la conducta del Gobierno. Incluso llamó por teléfono a Mariano Rajoy (tras hablar primero con Esteban González Pons), a quien hizo ver que Zapatero estaba cometiendo una tropelía con el único objeto de beneficiar a Roures y a su grupo. «La aprobación por decreto no tiene justificación; espero que el PP se oponga a ese atropello», atribuye una fuente al enfadado Cebrián en su conversación con el líder de la oposición.
El desatino. A su regreso a España, la respuesta no se hizo esperar. Al margen de editoriales y artículos críticos contra el Gobierno, el propio Cebrián tomó la pluma y arrancó en la portada de El País del 21 de agosto un duro artículo contra Zapatero. Entre otras lindezas, Cebrián acusaba al Gobierno de «favorecer los intereses de una empresa cuyos propietarios están ligados por lazos de amistad al poder». Y concluía, indignado: «Ningún demócrata que se precie de serlo puede pasar por alto semejante desatino».
Desde entonces, El País ha mostrado una inusitada beligerancia contra la política económica de Zapatero. Incluso ha reflejado en su portada el «desconcierto» en algunos sectores del PSOE por la política «errática» del presidente del Gobierno.
Según algunas fuentes, Cebrián ha llegado a insinuar que Zapatero podría adelantar las elecciones ya que no iba a aguantar la presión de su grupo periodístico unida a la crisis económica que seguirá prolongándose, al menos, durante otros tres trimestres.
El último esfuerzo de Cebrián por impedir la catástrofe se centró en evitar la aprobación por el Congreso del decreto ley del 13 de agosto. Según algunas fuentes, el consejero delegado de Prisa, personalmente, habría hablado con líderes de CiU para que votaran en contra y con dirigentes del PSC para que presionaran a Zapatero.
Pero Cebrián ha perdido el pulso: el Congreso aprobó por 183 votos la TDT de pago (el PP, PNV y UPyD votaron en contra), lo que supone un varapalo para los intereses de Prisa.
Es verdad que algunos socialistas se preguntan si su partido podrá seguir manteniendo el poder sin el apoyo mediático de El País, la Ser y Cuatro (Iñaki Gabilondo ha dicho en su telediario esta semana que el «problema de Zapatero no es Prisa, sino Zapatero»).
Pero el presidente del Gobierno cuenta con el apoyo mayoritario del Comité Federal y del Grupo Parlamentario. En el propio Ejecutivo, el más crítico con su decisión ha sido el ministro del Interior.
Pero, al otro lado de la barrera, Cebrián no ha logrado que su chantaje (retirarle el apoyo a Zapatero si no cedía en la TDT de pago) surtiera efecto.
Uno de sus competidores, que le conoce bien, concluye: «Cebrián ha demostrado ser un mal gestor porque la situación del Grupo Prisa es ahora peor que nunca; pero tampoco ha demostrado que pueda lograr concesiones por parte del Gobierno. Entonces, ¿para qué le sirve ahora Cebrián al Grupo Prisa?».
Un dirigente del PSOE es aún más drástico: «Esto sólo tiene dos salidas: o Zapatero se carga a Prisa, o Prisa se carga a Zapatero».
casimiro.g.abadillo@elmundo.es
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